El Tribunal Constitucional ha dado la razón al recurso del Defensor del Pueblo, y anula esta desprotección ilegal de los límites del Parque Regional
Aunque la norma se intentaba justificar por motivos religioso-culturales, lo cierto es que sólo buscaba poder realizar un rallye en la zona
Ecologistas en Acción de la Región Murciana ha celebrado hoy que el Tribunal Constitucional reconociera que tenían razón al oponerse a la desprotección ilegal de unas 41 has del Parque regional de Sierra Espuña, y anule la norma que aprobó la Asamblea Regional a propuesta de los Grupos parlamentarios del Partido Popular y Vox, la Ley 1/2026, de 2 de marzo, de modificación de la Ley 6/1995, de 21 de abril, de modificación de los límites del Parque Regional de Sierra Espuña.
La organización ecologista remitió un escrito al Defensor del Pueblo, una vez aprobada la norma en la Asamblea Regional, exponiendo los motivos por los que debería presentarse un Recurso de Inconstitucionalidad contra la misma, ya que este tipo de recursos sólo los pueden presentar el Defensor del Pueblo o los partidos políticos (con la firma de al menos 50 Diputados y Diputadas). El Defensor del Pueblo respondió en muy corto plazo, dando la razón a la organización y anunciando que iniciaría la vía del Recurso de Inconstitucionalidad contra la norma.
Después de admitir a trámite el recurso, el Tribunal Constitucional acaba de confirmar que efectivamente resuelve a favor de los postulados del Defensor del Pueblo y los ecologistas, anulando la norma que aprobaba la desprotección.
Segundo Recurso de Inconstitucionalidad que “ganan” los ecologistas contra leyes autonómicas
Desde Ecologistas en Acción, además de celebrar esta sentencia a favor de la protección ambiental de la Región de Murcia, ha querido recordar hoy que hace más de diez años tuvieron un éxito similar, por motivos muy parecidos.
En aquella ocasión, el Gobierno Regional quiso desproteger más de 11.000 has de Espacios Naturales Protegidos, mediante un simple párrafo en forma de Disposición Adicional en la Ley del Suelo regional. Una desprotección para favorecer intereses privados de un puñado de empresarios, a costa de desproteger sin ningún tipo de justificación técnica ni científica, y yendo claramente en contra de la legalidad vigente.
En dicha ocasión, el Recurso de Inconstitucionalidad se presentó gracias a 50 Diputados y Diputadas del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados.
Aunque en aquella ocasión, el Tribunal Constitucional tardó más de una década en pronunciarse. El resultado fue una sentencia que daba la razón a las organizaciones sociales que promovieron el recurso, y la Disposición Adicional Octava quedó anulada, conservando los ENP todo su perímetro.
El rallye que está detrás de esta norma, pero que la Ley no menciona ni una sola vez
Una de las cuestiones que más ha sorprendido a la organización ecologista, es que en la exposición de motivos de la Ley no se menciona ni una vez el principal motivo por el que se quiere modificar el perímetro del Parque Regional de Sierra Espuña, que es la posibilidad de celebrar un rallye dentro de un espacio protegido.
La norma basa su propuesta de desprotección en un argumentario en torno a las celebraciones religioso-culturales, que nunca han estado en entredicho. Debió parecer mejor argumento para justificar la desprotección de un espacio tan emblemático para la sociedad murciana, incluso fuera de nuestras fronteras, que el empeño en realizar una actividad incompatible y que cuenta con otras alternativas. De hecho, la incompatibilidad del rallye está refrendada por los sucesivos informes en contra, emitidos por la propia Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor.
Desproteger por intereses económicos es ilegal
Conviene recordar que la normativa de protección ambiental no permite desproteger los Espacios Naturales Protegidos por el simple deseo o interés de una administración o de empresas o particulares.
Para eliminar la condición de protección ambiental de un espacio, deben existir motivos científicos que avalen que esa protección ya no tiene sentido por una pérdida natural e irrecuperable de los valores que llevaron a esa protección. Ni siquiera se puede alegar la degradación que producen las actividades humanas en un espacio, porque ahí lo que obliga la Ley es a restaurar la zona, nunca desprotegerla.
Con los antecedentes en la Región de Murcia, y la jurisprudencia existente sobre este asunto, los Grupos Parlamentarios que lanzaron esta propuesta ya sabían que tenía difícil encaje legal, es más, los propios Servicios Jurídicos de la Asamblea regional así lo advirtieron.
Por eso, para Ecologistas en Acción, esta sentencia demuestra que se ha podido cometer un delito de prevaricación, y considera necesario que se abra una investigación en este sentido. No podemos normalizar que se intenten aprobar normas que van en contra de la legalidad, y que tenga que ser la acción ciudadana la que persiga la restitución de la legalidad, sin que pase factura a los promotores.
Advierten que “no hay dos sin tres”
Desde la organización ecologista consideran inaudito que la Región de Murcia acumule ya dos sentencias del Tribunal Constitucional que suponen la nulidad de dos normas aprobadas en la Asamblea Regional, ambas intentando desproteger sin argumentos ni motivos científicos Espacios Naturales Protegidos, y todo por defender intereses privados de un puñado de empresas y/o ciudadanos.
“No sabemos si otras comunidades autónomas tienen más de una sentencia como esta, pero nos preocupa que este Gobierno Regional siga intentando defender intereses privados desprotegiendo el patrimonio natural de toda la ciudadanía”, valoran desde la organización.
Y es posible que nuestra Comunidad Autónoma sea la primera en acumular tres sentencias como esta, ya que “estamos ya preparando, junto a otras organizaciones, el Recurso de Inconstitucionalidad contra la reforma de la Ley 3/2020 de recuperación y protección del Mar Menor, para presentarla en cuanto sea aprobada por la Asamblea Regional”, anuncia Pedro Luengo, portavoz de la organización.
Por ello, instan al Gobierno Regional a que ponga sus esfuerzos en cumplir toda la normativa de protección ambiental que lleva décadas incumpliendo (planes de fauna y flora protegida, PORN que quedan por aprobar, planes de gestión de la Red Natura 2000…), y deje de dedicar recursos humanos y esfuerzos en plantear reformas legales para la desprotección de nuestro patrimonio natural.
Para terminar, advierten que “Ecologistas en Acción, junto a otras muchas organizaciones, responderán siempre ante cualquier intento de desproteger cualquier espacio o especie en la Región de Murcia”.
