En relación al terrible asesinato machista de la menor en la localidad de Totana por parte de su ex novio, que le asestó más de cincuenta puñaladas, la Consejera de Educación afirmó hace unos días que le daba "igual" que se considerase violencia de género, o no, y dejó entender que esa "catalogación" de violencia de género era subjetiva y arbitraria.
Con este menosprecio, la Consejera de Educación contradice el reconocimiento internacional de la violencia machista hacia las mujeres por parte de diferentes organizaciones y tratados como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), ratificada por España, la V Conferencia Mundial sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer yNaciones Unidas que reconoce la violencia de género como uno de los principales obstáculos para la consecución de la libertad, el desarrollo y el disfrute de los derechos de la mujeres.
Los sindicatos consideran improcedente que una persona con cargo público, representante además de una Consejería responsable de la política educativa en esta región, ponga en duda el concepto de violencia de género, despreciando así el corpus legislativo y las herramientas diseñadas desde el Estado para tratar de erradicar esta terrible lacra social.
La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género es muy clara al respecto: la violencia de género "se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión." Y por ello precisamente, el objetivo primero de esta ley es "actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia."
Las organizaciones sindicales de la Comisión de Igualdad de la Consejería de Educación consideran muy graves las declaraciones de la Consejera y exigen que se retracte públicamente, condenando el asesinato de la menor en los términos que se expresan según las normativas internacional, nacional y regional, es decir, como violencia de género.
Los sindicatos tuvieron conocimiento de estas declaraciones horas antes de reunirse para trabajar sobre el plan de igualdad de la Consejería de Educación e hicieron constar en el acta de la misma su indignación, reprobando con contundencia las declaraciones de la Consejera.
