El Ayuntamiento de Totana tiene perfecto derecho a resolver el contrato que en febrero de 2015 adjudicó a una empresa para que elaborara el inventario y la valoración de los bienes municipales.

Esa es la conclusión del dictamen emitido por el Consejo Jurídico de la Región de Murcia (CJRM) a instancias del consistorio, al que ha tenido acceso Efe, en el que se indica que existe "un incumplimiento culpable del contratista de su obligación esencial de entregar los trabajos contratados".

Y añade que el ayuntamiento tiene derecho a incautarse de la garantía que el contratista prestó en el momento de la adjudicación del concurso y que se fijó en 995 euros.

El dictamen hace un pormenorizado recorrido por las distintas vicisitudes por las que atravesó la relación entre el ayuntamiento y el adjudicatario, para concluir que este no cumplió con los plazos a los que estaba obligado.

Y añade que el acuerdo establecía que los trabajos debían estar terminados en el plazo de un año, que vencía en marzo de 2016, aunque el ayuntamiento no resolvió el concurso pese a que el mismo fue incumplido, "aceptando tácitamente la fecha del 5 de mayo de 2017 señalada por el contratista".

Este nuevo plazo fue incumplido también, lo que llevó al Consistorio a incoar un primer procedimiento resolutorio en junio de aquel año, al que siguió otro en abril de 2018.

"Es evidente -dice este órgano consultivo- que el contratista ha incurrido en un patente y reiterado incumplimiento de su deber de entregar los trabajos objeto del contrato, ni en el plazo máximo previsto en el mismo ni en fecha posterior, a pesar de la tolerancia que a este fin le dispensó el ayuntamiento con el fin de procurar el correcto cumplimiento, aun tardío, del contrato".