El GMS presentó esta propuesta al pleno de julio exigiendo, a los Ministerios competentes, que elaboren una Ley que regule dicha profesión, sumándose a las reivindicaciones que vienen realizando los educadores sociales.
Según han explicado los socialistas, la Educación Social es una profesión que abarca un amplio campo de actuación (animación sociocultural, educación, prevención de la dependencia, salud mental, juventud, igualdad, mediación…), pero que es importante que se legisle en torno a dicha figura profesional, no solo por el interés que suscita en la regulación de la profesión en sí, si no por la necesidad de que exista esta Ley en pro de la defensa de los derechos de los colectivos con los que trabajan los educadores sociales.
No obstante manifiestan que, a pesar de su notable presencia en los equipos profesionales de servicios sociales de ayuntamientos, la falta de regularización de la profesión impide un establecimiento claro de su alcance y sus límites, favoreciendo el intrusismo y la falta de criterios a la hora de afrontar procesos públicos de selección de esta figura profesional y de determinar sus funciones. La Educación Social, sin embargo, no puede sino considerarse una profesión estable, dotada de un cuerpo de conocimientos distintivos y específicos provenientes de la investigación científica y el desarrollo teórico de la pedagogía social, plasmados en la formación de diplomatura o grado, reiteran.
El desarrollo de funciones públicas específicas con criterios técnicos de intervención, el reconocimiento de una retribución económica, la asunción de un compromiso ético y el autocontrol sobre el colectivo que ejercen los colegios profesionales son argumentos que evidencian un claro desfase entre la realidad de la profesión y su falta de regularización por parte de las administraciones.
De esta manera, el Grupo Municipal Socialista, presentaba dicha moción, aprobada por unanimidad por todos los grupos políticos, con la finalidad de manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Totana a la Educación Social como profesión que cubre las necesidades y demandas de la ciudadanía, generando cambios sociales a través de la educación. A su vez, solicitan al Gobierno de la Nación, a que se hagan todas las modificaciones legales para incorporar dicha figura profesional al sistema educativo.