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"El Ayuntamiento podría tener que afrontar nuevas sentencias por encima de los 8 millones de euros como consecuencia de gestiones realizadas por corporaciones del Partido Popular."

"Mientras ahora se pretende culpabilizar a todos los grupos políticos de la situación de ruina a la que se nos estaba llevando, nadie hizo la más mínima crítica, a excepción de los grupos de la oposición que denunciamos lo que estaba pasando y las consecuencias que ahora conocemos."

"Nos encontramos ante las dos últimas sentencias condenatorias contra el Ayuntamiento, de Urbaser e Inmonuar. Un nuevo gran mazazo, que aunque esperado, no deja de ser un gran agravio para las arcas públicas. Se trata del resultado de los penúltimos coletazos de la "etapa negra" de mayorías absolutas y Gobiernos del PP que traen estas consecuencias." Afirman.

En el caso de la sentencia de Urbaser, estamos hablando de 6.000.000€ sin costas ni intereses incluidos, y en el de Inmonuar, o el "convenio del Raiguero", de 2.500.000€ con costas e intereses. Los plazos de recurso aún están abiertos y en ambos procedimientos el Ayuntamiento va a recurrir la sentencia con el fin de defender el interés público y buscar el menor impacto posible para la institución.

Si hacemos un breve histórico, en 2006, siendo alcalde por el Partido Popular Juan Morales, se firma el "convenio del Raiguero" y se ingresan en las arcas municipales los más de dos millones que ahora reclama el promotor. Hecho que supuso el inicio de la investigación de la UCO y la "Operación Tótem", ya que es público y reconocido por las partes, que se negociaron unas comisiones donde el entonces alcalde y otros, se "llevaron su parte", en una clara situación de delito y cohecho, lo cual fue reconocido por la justicia.

"Mientras ahora se pretende "meternos a todos en el mismo saco" y culpabilizar a todas los grupos políticos de la situación de ruina a la que nos han llevado esas actuaciones, en aquellos momentos nadie hizo la más mínima crítica ni se fundó un movimiento ciudadano al respecto, a excepción de Izquierda Unida y PSOE que en aquel momento desde la oposición denunciaron lo que estaba pasando y las consecuencias que ahora conocemos."

Seguimos preguntándonos, ¿Cuándo los únicos y verdaderos responsables van a dar una explicación al pueblo de Totana? ¿Qué fue de aquellos millones de euros que nos consta se ingresaron y a la hora de devolverlos ya no estaban? ¿Va el PP a dar la cara en algún momento y asumir sus responsabilidades? Estos métodos de hacer política, apoyados en las urnas por un gran sector de la población durante 12 años, son la única razón por la que Totana tiene una deuda insostenible y por la que se ha "manchado" con la corrupción este municipio.

Para ir al origen de la sentencia millonaria de Urbaser, debemos situarnos en 2009, cuando Gobernando el PP de Martínez Andreo, y siendo concejales la actual portavoz Popupar Isabel María Sánchez, la actual concejala María José Bedia y el actual Diputado Popular Juan Pagán, se aprueba con sus votos, una renovación de contrato con dicha concesionaria que contemplaba una duración hasta 2032 en unas condiciones totalmente leoninas contra los intereses públicos.

"Esta operación que nació como resultado de un afán recaudatorio por la necesidad de liquidez del entonces Equipo de Gobierno del PP, que ya debía más de tres millones de euros a la empresa, contemplaba un cuadro de amortización en la que se preveía un crecimiento exponencial de la población, así como del gasto e ingresos derivados del agua de consumo. Cosa que nunca ocurrió y que era un delirio del modelo de crecimiento especulativo de la burbuja inmobiliaria. Según esas previsiones, estaríamos pasando de una facturación de más de 15.000.000€, de los 3.655.000€ de partida en 2009, y en caso de que el Ayuntamiento no pudiera hacer frente a los compromisos de pago, la empresa se quedaría directamente con los ingresos en ese concepto y también de la recogida de la basura." Aseguran desde Ganar Totana.

Nos resulta curioso escuchar de boca de la Portavoz del Partido Popular, que cuando llegó a la alcaldía se encontró con este contrato en condiciones leoninas, cuando debería, como mínimo, haber sabido lo que estaba votando en 2009, cuando siendo miembro del pleno municipal y del Equipo de gobierno apoyó esta operación. Procede entonces a la rescisión del contrato en 2012, lo que origina esta querella por ruptura del mismo y a partir de ahí se recauda el dinero que los vecinos y vecinas pagan de sus recibos de agua para destinarlos a gasto corriente y se deja de pagar tanto a Mancomunidad y Canales del Taibilla, con quienes acumulan una deuda de 8 millones de euros en 2015 como a la empresa de recogida de la basura, llegando en este caso a los 4 millones de euros de deuda. No es hasta la entrada de este equipo de Gobierno cuando se normaliza la situación con la empresa del RSU y también en 2017, siendo alcalde Juan José Cánovas, se comienza a saldar la deuda con MCT.

"Esta concatenación de hechos es la que nos ha llevado a la situación económico-social que ahora padecemos. Por lo que el argumento de algunos miembros del PP de que ellos/as no estaban, no es válido para Ganar Totana, puesto que es necesario por higiene democrática que el Partido Popular asuma sus responsabilidades y sus graves errores que han hipotecado el futuro de nuestro municipio durante muchos años." Concluyen.

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